sábado, 18 de octubre de 2008

REFORMAS A LA CONSTITUCION

La reforma comercial

Colombia inició, desde finales de la década del ochenta y más decididamente en los albores de la del noventa, un proceso de apertura de su economía, que incluyó una significativa liberación de su comercio exterior, una disminución de la intervención y regulación estatales de la economía –con el consecuente cambio de los instrumentos para realizarlas– y una reorganización del sector público.

Estas reformas cobijaron a todos los sectores de la economía, aunque tuvieron sus particularidades en el caso agropecuario.

La política gubernamental de intervención en el mercado y de comercio exterior agropecuario se modificó sustancialmente a raíz de la puesta en marcha de la apertura económica.
Hasta 1990, el Ministerio de Agricultura fijaba precios de sustentación para ocho de los principales productos agrícolas: maíz, sorgo, arroz, trigo, cebada, soya,ajonjolí y fríjol. El IDEMA debía hacer valer dichos precios como mínimos del de mercado, comprando, de ser necesario, las cantidades no adquiridas por los privados a precios superiores o, al menos, iguales al de sustentación. Las importaciones de los faltantes estaban sometidas a cuotas y a licencia previa, las cuales se manejaban discrecionalmente por parte del Ministerio y constituían monopolio del IDEMA. Generalmente se utilizaban para obligar a la absorción de las cosechas nacionales.

A partir de 1990, en consonancia con la política de apertura económica que se implantó, se tomaron diversas medidas, las más importantes de las cuales fueron la desgravación arancelaria, la eliminación de las barreras no arancelarias a las importaciones (cuotas, licencias previas y prohibiciones), la creación de las franjas de precios y el establecimiento de nuevas reglas para la intervención del IDEMA. En relación con el primer tema, entre 1990 y 1992 se adoptaron cinco niveles arancelarios para el sector: 0 y 5% para materias primas y bienes intermedios y de capital no producidos en el país, 10 y 15% para bienes intermedios y 15 y 20% para bienes de consumo final. Como consecuencia, el arancel promedio para el sector descendió de 31.5% en 1991 a 15% en 1992 (Jaramillo, 1994).
Por su parte, los precios de sustentación fueron reemplazados por precios mínimos de garantía, los cuales se fijaban teniendo en cuenta las fluctuaciones de los precios internacionales, y tenían que ser inferiores al piso de las franjas de precios que se pusieron en marcha. Estas últimas, que sustituyeron a las cuotas de importación y a la licencia previa, permitían que fuera posible importar las cantidades deseadas, las cuales debían sufragar un arancel fijo si el precio de
importación se ubicaba entre el piso y el techo de la franja, y que tenían un recargo arancelario (o arancel variable) si se hallaba por debajo del piso y un descuento si lo hacía por encima del techo, de manera que el precio de importación nunca estuviera por debajo del primero, ni sobrepasara el
segundo.

Con estos cambios en la política se perseguían varios objetivos: eliminar el manejo discrecional de las importaciones; someter a una mayor competencia externa a los agricultores domésticos, suavizando las fluctuaciones extremas de las cotizaciones internacionales, y reducir la intervención del IDEMA –posteriormente– eliminarla en la compra de las cosechas, al disminuir el precio de garantía a un mínimo atado a los precios externos y hacer indiferente para los industriales comprar el producto nacional o el importado, con lo que se suponía que preferirían el primero.[1]

Para hacer coherente su funcionamiento con el proceso de integración en marcha en la subregión andina, se emprendió un arduo período de negociaciones tendiente a unificar las franjas y, en general, el manejo del comercio frente a terceros países, el cual culminó en la adopción de un arancel común frente a terceros países y en el establecimiento del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP).

No obstante, la crisis que afectó a la agricultura en los primeros años de la década, y los problemas y críticas que afrontaba el esquema, llevaron al Gobierno a volver a establecer, desde el segundo semestre de 1993, precios de intervención del IDEMA, superiores a los mínimos de garantía, para algunos productos en determinados momentos. Asimismo, se establecieron medidas para cerrar temporal o definitivamente las importaciones de algunos bienes. La leche fue un ejemplo del primer caso y los trozos de pollo del segundo. La aplicación de mecanismos de salvaguardia constituyó otra manera de proteger al sector en coyunturas especiales.

Empero, fue a finales de 1994 y principios de 1995 que se introdujo la modificación más significativa, la cual consistió en promover la realización de unos convenios de absorción entre agricultores e industriales, con el aval gubernamental, en virtud de los cuales los segundos se comprometían a adquirir las cosechas a unos precios y calidades previamente negociadas, en contraprestación de lo cual el gobierno les permitía importar una determinada cantidad a un arancel inferior al que tendrían que sufragar en razón de la franja. En todo caso, podrían seguir importando todo lo que quisieran pagando este último completo. Estos convenios, complementados con el uso de subsidios directos que incentivaran la intervención privada en el mercadeo (tales como las subvenciones al almacenamiento), debían permitir el desmonte definitivo del IDEMA –como en efecto sucedió.

Simultáneamente, se inició la eliminación del CERT y de cualquier subsidio a las exportaciones, y se buscó expandir la política de creación de los Fondos de Estabilización de Precios para Productos Agrícolas de exportación, los cuales no requerían de la compra del producto, ni del manejo de inventarios, ni constituían un subsidio a las exportaciones, sino que buscaban “suavizar” el efecto de las fluctuaciones de los precios internacionales sobre las exportaciones colombianas. Estos fondos se crearon con aportes de los sectores público y privado, y eran manejados conjuntamente por ellos. La liberación comercial mencionada, el desmonte de los precios de sustentación y la fuerte caída de las cotizaciones internacionales, determinaron el deterioro de la rentabilidad de las actividades agrícolas y sumieron al sector en la mayor crisis que ha atravesado en su historia reciente. En efecto, el crecimiento sectorial se resintió desde 1991, pero fue en 1992 que la crisis se generalizó hasta el punto de que por segunda vez en 25 años presentó una tasa de crecimiento negativa (-2%), y por primera vez decrecieron los tres principales subsectores que lo conforman (agricultura, pecuario y café). La crisis –que se analiza más adelante- afectó con particular intensidad a los cultivos transitorios, cuyo valor de la producción disminuyó en 3.1% en 1991 y en 12.2% en 1992, y cuya superficie sembrada se contrajo en 5.8% y 12.4% en los dos años citados, en los cuales el área total cultivada en la agricultura no cafetera -cultivos transitorios y permanentes- se redujo en 3.7% y en 6.1%, respectivamente (Ocampo y Perry, 1995).

Lo cual no resultó cierto pues no se tuvo en cuenta que las condiciones de financiamiento y la posibilidad de adquirir el producto extranjero casi en cualquier momento, con lo que las necesidades de almacenamiento disminuyen respecto a las cosechas nacionales, llevarían a que muchos industriales y procesadores prefirieran adquirir los bienes extranjeros a los nacionales.


El Banco de la República,. Junta Directiva, miembros.[en linea]. Bogota: Banco Central de Colombia 2008. [citado el 11 de Octubre de 2008].

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